La reforma constitucional aprobada en Formosa se convirtió en un punto de inflexión político y jurídico. Lo que debía ser una adecuación al fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la reelección indefinida terminó generando un escenario de mayor incertidumbre. Juramentos con reservas, impugnaciones y la posibilidad de un nuevo pronunciamiento judicial alimentan una tensión que excede lo local y que vuelve a poner en el centro del debate los límites del poder político.

Un juramento que no fue unánime

La diputada Gabriela Neme decidió no prestar juramento a la nueva Constitución, salvo bajo reserva total, argumentando que varios artículos vulneran derechos fundamentales y amplían las facultades del Ejecutivo. Sostuvo además que no existe obligación legal de jurar nuevamente tras una reforma constitucional. Ese gesto no fue aislado: desde la oposición radical también se expresó el desacuerdo, aunque en su caso los legisladores terminaron jurando para no quedar fuera del proceso, dejando constancia de sus objeciones.

La cláusula que reaviva el conflicto

El punto más controvertido de la reforma es la “cláusula transitoria cuarta”, que habilitaría al gobernador Gildo Insfrán a volver a postularse pese a los nuevos límites de mandatos. Los diputados radicales Miguel Montoya y Agostina Villaggi cuestionaron ese artículo, este último incluso con un pedido formal de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema. Para la oposición, esa transitoriedad contradice no sólo el espíritu de la reforma, sino también el fallo que impidió la reelección indefinida.

Tensiones dentro y fuera del recinto

El debate en la Legislatura estuvo marcado por denuncias de interrupciones a legisladores opositores y por un clima de escasa deliberación. Más allá de lo jurídico, el trasfondo político es evidente: aceptar sin reservas el nuevo texto implica convalidar un esquema que, según la oposición, abre la puerta a que el gobernador prolongue nuevamente su mandato. De allí que los juramentos se transformaran en un campo de disputa simbólico, donde cada gesto adquiere peso institucional.

Lo que puede venir

El desenlace dependerá en gran medida de lo que resuelva la Corte Suprema. Un fallo que declare inconstitucional la cláusula podría clausurar definitivamente la posibilidad de una reelección extendida. En cambio, una validación de la transitoriedad abriría un camino de mayor tensión política y judicial, con impacto directo en la estabilidad institucional de la provincia. También existe la posibilidad de que, aun con un pronunciamiento adverso, el oficialismo intente resistir o dilatar la aplicación de la decisión.

Un debate que trasciende lo provincial

La discusión no se agota en Formosa. Lo que está en juego es la relación entre los límites constitucionales, la legitimidad democrática y la alternancia en el poder. La provincia se convierte, una vez más, en un caso testigo de cómo los liderazgos prolongados ponen a prueba las instituciones. La incógnita es si la reforma servirá para fortalecer la calidad institucional o si quedará como un intento más de consolidar un modelo político concentrado en una sola figura.