La primera denuncia fue el 26 de julio del año pasado. La madre de una de las menores se presentó ante la Justicia provincial y se mostró sorprendida por el celular de alta gama que poseía su hija. Al revisar el contenido del teléfono, halló mensajes de carácter sexual intercambiados con el remisero, quien además mencionaba a otra menor del círculo familiar.

La causa se desestimó en la Justicia provincial y la banda siguió operando. La oportunidad de reactivar el caso llegó con el pase de la denuncia al fuero federal este año. Y hubo otra madre que denunció.

Esta mujer acusó a un compañero del colegio secundario de intentar captar a sus hijas de 16 y 13 años a la salida del establecimiento educativo. Y describió la mecánica que dio inicio al caso: mientras las adolescentes aguardaban fuera del colegio, un adulto de unos 60 años las observaba e intercambiaba señas con un alumno, hasta que el chico se le acercó y regresó con una propuesta específica para las compañeras.

“Tengo un amigo que quiere con vos, es ese hombre de ahí”, transmitió el adolescente a una de las menores. Y les explicó que si aceptaba besar al hombre, obtendría $60.000, mientras que él recibiría $30.000.

“A mí me pagan por presentar chicas. Esa es la onda. Y vos me contaste que sos virgen. Por ser virgen te van a dar $200.000”, le dijo a la menor, siempre de acuerdo a las fuentes del caso. Y le sugirió a la adolescente que el encuentro debía concretarse en un hotel, argumentando que allí los vehículos no eran revisados y podrían ingresar sin inconvenientes.

La parte central del funcionamiento de la red consistía en la captación de alumnas del cuarto año de una escuela secundaria, a quienes se ofrecía para mantener “encuentros” sexuales con adultos.

• El menor acusado, definido como “amigo íntimo de las víctimas”, le facilitaba la información al remisero sobre la condición de virginidad de las adolescentes, elemento valorizado dentro de la estructura y por el que recibía dinero.
• Las adolescentes eran contactadas y, en muchos casos, recibían pagos que variaban entre 60.000 y 200.000 pesos según la práctica sexual, con el mayor valor reservado para adolescentes vírgenes.
• Además, la recaudación se realizaba mediante transferencias o, en ocasiones, en efectivo, de acuerdo a la preferencia de cada cliente.
• La organización de los encuentros incluía el uso de moteles ubicados en la ruta 26 o, como revelaron las pruebas, el domicilio de uno de los clientes, donde habitualmente se consumían estupefacientes.

El remisero, figura central en la logística y la captación, aprovechó “la confianza que representaba el transporte de niños y adolescentes para los padres” para acercarse a las víctimas y a sus familias.

En palabras del fiscal Villalba: “Este remisero se dedicó a captar de una manera perversa a niñas para ofrecerlas sexualmente a determinados clientes”.

Además, el hombre, de 63 años, intentó sumar a su red a la hermana menor de una de las víctimas, de solo 12. En una oportunidad, logró que la niña subiera a su vehículo y allí perpetró un abuso sexual: también se le formularon cargos por este ataque.

En los mensajes interceptados entre el remisero y las menores se pudo establecer la existencia de un código para pactar los encuentros: “Vamos a hacer la onda”, era la expresión utilizada tanto por los adultos como por las víctimas.

Entre otros hallazgos, la investigación reveló que el remisero fijaba las citas en horarios cercanos al fin de la jornada escolar, aprovechando las horas libres, y controlaba toda la operación desde su auto, un Volkswagen Voyage blanco.

Ese imputado exigía a las menores grabaciones en posiciones sugestivas, material que facilitaba la oferta de sus “servicios” a los clientes. “El delito de trata de personas cosifica al ser humano, considera al cuerpo como una alcancía”, fue una de las frases del fiscal.

En el transcurso de la investigación, también se pudo constatar que el remisero mantenía a las víctimas bajo amenaza permanente: les advertía que podría informar a sus padres sobre su participación como un mecanismo que aseguraba el sometimiento psicológico de las adolescentes.

Según el relato de una de las víctimas, había temor entre ellas cuando veían el auto blanco merodeando la zona del colegio. Un ejemplo lo grafica y figura en la causa: intentó forzar a una adolescente a subir a su vehículo y, ante la negativa y el miedo, la joven subió a un colectivo y sufrió un episodio de incontinencia urinaria por el estado de shock.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron la prisión preventiva para los adultos imputados, en una denuncia que fue acompañada por el Defensor Público de Víctimas, Nicolás Escandar, quien abundó sobre el estado de temor de las víctimas.

Además, el MPF pidió la autorización para peritar los teléfonos celulares secuestrados y levantar el secreto bancario y bursátil de los sospechosos, señalando la elevada escala penal de los delitos: de 10 a 15 años de prisión.

Al ser indagados, dos de los clientes manifestaron desconocer la edad de las víctimas y negaron haber participado en la explotación, mientras que sus defensas intentaron desligarlos de los cargos. La fiscalía refutó esos argumentos con las pruebas reunidas y el juez federal también les dictó la prisión preventiva.

Según las autoridades, hay más víctimas identificadas que hasta ahora prefirieron no declarar y nuevas pericias pendientes, lo que mantiene abierta la posibilidad de nuevas imputaciones.