El Juzgado Federal de Campana hizo lugar a un amparo colectivo y ordenó la puesta en marcha de la Ley de Emergencia en Discapacidad. El fallo también suspendió el artículo de la norma que condicionaba su aplicación a que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento.

La Ley 27.793 había sido aprobada en julio de 2025 y establecía la emergencia en el sector hasta fines de 2027. Tras el veto del Poder Ejecutivo por motivos fiscales, el Congreso insistió en su sanción, lo que obligó a su promulgación. Sin embargo, el Gobierno dictó el Decreto 681/2025, que mantenía la ley en suspenso hasta que se especificaran los fondos necesarios.

El amparo fue presentado por padres de menores con Certificado Único de Discapacidad, quienes señalaron que la falta de implementación dejaba sin cobertura a miles de personas y afectaba el acceso a tratamientos, servicios y derechos básicos. También cuestionaron la validez del decreto, al considerar que el Ejecutivo no puede condicionar la aplicación de una ley ratificada por el Congreso.

El Ministerio de Salud defendió la legalidad del decreto y sostuvo que aplicar la norma sin respaldo presupuestario comprometía la estabilidad financiera del Estado. Argumentó que la reasignación de partidas no era posible mientras la ley permaneciera suspendida.

Para el juez Adrián González Charvay, el artículo 2 del decreto presidencial es inválido porque contradice el mandato de promulgación previsto en la Constitución. Señaló que el Ejecutivo excedió sus facultades al suspender una ley vigente y que la medida afecta el principio de supremacía constitucional. También descartó los argumentos fiscales, al recordar que el Congreso había autorizado al Jefe de Gabinete a reorientar recursos y que existían antecedentes de múltiples reasignaciones desde 2023.

Por último, el magistrado destacó el impacto directo sobre personas con discapacidad y la necesidad de garantizar su protección inmediata. El amparo tuvo el acompañamiento de diversas organizaciones del sector.