El previsto plantón de la mayoría de los jefes provinciales a la vigilia con el Presidente por el 209º aniversario del Día de la Independencia, finalmente suspendida, iba a ocurrir en medio de la tensión por la previsión de que la coparticipación federal de impuestos caería 4% respecto de 2024 y 12% sobre 2023. Reclamos por el impuesto a los combustibles y los giros discrecionales.
Que todos los gobernadores se hayan juntado a principios de junio fue el síntoma más evidente del malestar con Javier Milei y su motosierra fiscal. Que pocos de ellos preveían ir a pasar la vigilia a la que los convocó el Presidente anoche en la Casa de Tucumán para celebrar el Día de la Independencia, suspendida a último momento con la excusa del mal tiempo, es otro. A su vez, la molestia también contagia a los diputados y senadores que les responden y que ahora amenazan con acompañar las iniciativas opositoras en el Congreso a favor de elevar el gasto en jubilaciones, discapacidad, universidades o el hospital Garrahan. Detrás de tanta tensión está la caída de los fondos de la coparticipación federal de ingresos, esos impuestos que la Nación distribuye directamente y por ley a las provincias y que vienen cayéndose al compás de una economía que rebota pero no crece.
El conflicto comenzó en mayo, cuando el Gobierno nacional envió al consolidado de provincias más la ciudad de Buenos Aires $5,5 billones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, lo que significó una baja real (ajustada por inflación) del 23,3%, según el reporte del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que dirige Nadin Argañaraz. A su vez, la coparticipación, es decir las transferencias automáticas menos leyes complementarias y compensaciones, habrían caído un 26,3% real.
Esa baja de la “copa”, como le llaman los expertos, estuvo explicada principalmente por el mal desempeño de la recaudación del impuesto a las ganancias (-41% real interanual) y el descenso de recaudación de IVA (-1,1% real interanual). La merma de Ganancias tuvo que ver con que el periodo base, es decir, en mayo de 2024, la recaudación de este tributo fue récord en términos reales por la significativa devaluación del peso en diciembre de 2023. A su vez, la inferior recolección del IVA se relaciona con un consumo aún recesivo.
Después de una caída real significativa en mayo, las transferencias automáticas habrían crecido alrededor de un 6,3% interanual en junio. Pero la “copa” sola habría caído un 5,3% real, según el IARAF. Esta disminución “se explicaría, fundamentalmente, por la marcada caída real interanual del 20% en la recaudación de Ganancias”, según el instituto. “Incidió de manera negativa en la recaudación del tributo el hecho de que en el periodo base las personas jurídicas pagaron anticipos en junio en base a la recaudación extraordinaria de mayo 2024 y al hecho de que recientemente mediante una resolución administrativa se cambió el esquema de anticipos de personas jurídicas, disminuyendo el importe a abonar en junio e incrementando el de los próximos meses. Este desempeño negativo no logró ser compensado por el incremento real interanual del 6,7% en la recaudación del IVA”, se refiere el IARAF a un repunte del consumo el mes pasado.
A su vez, las proyecciones de coparticipación para todo 2025 no son nada alentadoras: de acuerdo con los valores estimados por la Comisión Federal de Impuestos (CFI), que integra la Nación y las provincias, las transferencias automáticas caerían un 4,2% durante 2025, lo que representa una pérdida de casi $2,5 billones medidos a precios constantes, equivalente al 0,3% del PBI. Si se compara con 2023, la caída sería aún superior, del orden del 12%, lo que equivale a decir que las provincias y la capital recibirían casi $7,4 billones menos que dos años atrás, pérdida que se aproxima a 1% del PBI. Esta fuente de recursos representó el 45% de los ingresos provinciales en 2024, con ratios mayores al 60% para un conjunto de 12 jurisdicciones, las más pobres, por cierto.
Entre las causas que explican esta dinámica de la coparticipación, la CFI señala las siguientes:
- Decisiones de política tributaria del gobierno nacional: modificaciones en la percepción de Ganancias e IVA; cambio del cálculo de anticipos de este gravamen para sociedades; diferimiento de la actualización del impuesto a los combustibles; y reciente reducción y/o eliminación de impuestos internos para celulares, televisores y aires acondicionados importados.
- Ingresos de 2024 que no se repiten en 2025: ingresos por régimen especial del impuesto a los bienes personales, que permitió a los ricos adelantar cinco años de este gravamen a cambio de una rebaja de alícuota y estabilidad fiscal hasta 2038, y pago extraordinario de Ganancias por parte del sector financiero por la devaluación de diciembre de 2023, que le reportó grandes utilidades.
- Lenta recuperación de los niveles de consumo: impacta negativamente sobre la recaudación de IVA, la cual presentó una caída del 1,9% durante abril ajustada por IPC, dentro de una economía que crece en torno al 5%.
Frente a este panorama, las provincias propusieron dos proyectos de ley que el gobierno de Milei por ahora rechaza, pese a que implican un costo fiscal calculado en 0,2% del PBI. Por un lado, se busca regular la distribución de aportes del Tesoro nacional (ATN) para evitar la discrecionalidad del Ejecutivo federal. Por otro, que se coparticipe el impuesto a los combustibles.
Las provincias, además, reclaman cada vez más porque caen sobre sus espaldas las tareas que abandona el Estado nacional por decisión de Milei. Por un lado, crecen las quejas por el estado de las rutas. Por otro, las demandas de los pacientes de enfermedades graves que requieren tratamientos.