El Gobierno anunció este lunes el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, junto con una reestructuración de varios organismos vinculados al transporte. La medida fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa que comenzó con un video que repasó las acusaciones de corrupción en la causa Vialidad, por la cual la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión.

«El presidente Javier Milei, a través de un decreto que se va a publicar mañana, ordenó el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, y dos organismos más, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial», comenzó Adorni.

«La CNRT que pasará a denominarse Agencia de Controles y Servicios Públicos del Transporte y será la autoridad de aplicación en lo que refiere a normas relacionadas a la fiscalización de concesiones viales», continuó.

Y agregó: «El Gobierno dará apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de rutas que tras décadas de despilfarro y corrupción se vieron degradadas».

«Es un acta de defunción a la corrupción de la Obra Pública y la firmó el presidente de la Nación», destacó Adorni.

El anuncio se realizó en la cuenta regresiva de las facultades delegadas por el Congreso Nacional para aplicar la Ley Bases, que vence el miércoles 9 de julio.

«Decían que aprobar las facultades delegadas era ilegal, darle superpoderes a un gobierno reaccionario, que se vendía el país, armaron una tendencia en X. La realidad es que el gobierno de Milei es de los pocos desde la vuelta de la democracia que no solicitó ni decretó una prórroga a las facultades delegadas, como lo hizo el kirchnerismo hasta el fin de su mandato. Hoy se horrorizan frente a un gobierno que las necesita para reparar el daño que ellos causaron«, indicó.

En ese sentido, Adorni remarcó que Milei utilizó la herramienta para generar un alivio fiscal a las arcas del Estado: «Por primera vez las facultades delegadas se usaron para aliviar la carga fiscal que recaía sobre los bolsillos de los argentinos. Los 65 decretos delegados que se promulgaron en el último año implicaron un ahorro de 2 mil millones de dólares en gastos».

«El presidente respetó la institucionalidad. Primero porque no se prorrogó, se cumplió estrictamente con el plazo de un año, y segundo porque su propósito fue implementar un plan de reformas para sacar a la Argentina de la decadencia», concluyó.