El exministro de Planificación Federal Julio de Vido fue condenado este martes a cuatro años de prisión por el pago indebido de comisiones para importar Gas Natural Licuado. Los hechos en cuestión ocurrieron entre 2008 y 2015, y se calcula que le habría generado al Estado una pérdida de casi 7 mil millones de dólares.

En la misma causa fue condenado a tres años y seis meses de prisión el exfuncionario Roberto Baratta. En tanto, el empresario Nicolás Dromi San Martino recibió la pena de tres años de cárcel.

Además, el Tribunal Oral Federal 7 les impuso a los tres condenados devolverle al Estado cinco millones y medio de dólares en concepto de reparación por la maniobra fraudulenta.

El dato es que las penas de De Vido y Baratta son de cumplimiento efectivo en prisión, pero ninguno quedará detenido hasta tanto la condena quede firme. Por su parte, los tres años para Dromi San Martino son en suspenso, por lo que no irá prisión. También deberá hacer un curso de ética pública para el sector privado.

Los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, también condenaron a De Vido y a Baratta a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El tribunal los encontró responsables del delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.

El veredicto se leyó por videoconferencia en la que estuvieron presentes De Vido y el resto de los acusados. Los tres tuvieron la posibilidad de decir sus últimas palabras y el exministro, solo le agradeció a los jueces por el trato recibido.

En tanto, el próximo 28 de noviembre se conocerán los fundamentos del veredicto y recién allí las defensas podrán apelar para que la decisión sea revisada por la Cámara Federal de Casación Penal. Durante el juicio oral habían pedido sus absoluciones.

Este fue el quinto juicio que atravesó De Vido y es la tercera condena que suma. La primera fue por la tragedia ferroviaria de Once, a cinco años y ocho meses de prisión por administración fraudulenta en el manejo de los fondos públicos, que luego rebajada a cuatro años.

La segunda condena fue por la compra de trenes a España y Portugal, que no estaban en condiciones de ser utilizados. Allí recibió una pena de ocho años, que después Casación ordenó revisar.