Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola reclamaron que se ejecuten de manera inmediata los bienes de Cristina Fernández de Kirchner y de los demás condenados en la causa Vialidad, desestimando así las objeciones de la expresidenta frente al decomiso del dinero reclamado por el perjuicio ocasionado al Estado en las obras públicas de Santa Cruz.

En su dictamen, los fiscales sostuvieron: «En este juicio se acreditó la existencia −entre 2003 y 2015− de una de las matrices de corrupción más extraordinarias que, lamentablemente, se hayan desarrollado en la historia de nuestro país. Esta defraudación colosal trajo perjuicios inconmensurables para las arcas del Estado«. Y añadieron: «Sin embargo, la principal responsable de esta maniobra, sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento, sigue anteponiendo todo tipo de artilugios y excusas. Esta vez, lo hace para impedir el recupero de los efectos del delito».

Cristina, que cumple condena bajo arresto domiciliario, rechazó la intimación para que deposite 684 mil millones de pesos y planteó que el Tribunal Oral Federal N°2, que la condenó, no es competente para disponer el decomiso. Según su postura, esa definición corresponde a la justicia civil y comercial federal, que ayer resolvió que no debía abonar «un peso» al declarar caduca la demanda del Estado por 21.000 millones de pesos.

En la misma línea, Lázaro Báez cuestionó la competencia del TOF N°2 y sostuvo que, en todo caso, sus bienes deberían ser decomisados en el marco de la causa conocida como la “Ruta del Dinero K”, en la que recibió una condena unificada de 15 años.

Los jueces del TOF N°2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, antes de decidir sobre la ejecución de los bienes, le dieron tiempo a los fiscales para que fijaran posición.

En un dictamen de 21 páginas, Luciani y Mola pidieron rechazar los planteos de incompetencia y avanzar de inmediato con el decomiso: «El decomiso de la suma que estableció el tribunal no es una opción. Es una obligación». Asimismo, subrayaron que, frente a la negativa de los condenados, la Justicia debe garantizar que respondan con el dinero, los bienes cautelados y el resto de su patrimonio hasta cubrir el monto fijado en la sentencia.