El juez federal Sebastián Casanello procesó a Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), por asociación ilícita, cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación agravada contra la administración pública. En un fallo de más de 300 páginas, el magistrado sostuvo que el organismo fue “cooptado” y utilizado como vía de enriquecimiento privado, en detrimento directo de su finalidad pública: la protección de las personas con discapacidad.
Diego Spagnuolo, ex abogado del presidente Javier Milei, fue ubicado por Casanello como la máxima autoridad de un esquema ilegal que operó durante su gestión al frente de la ANDIS. Según la resolución, bajo su conducción se direccionaron compras de medicamentos e insumos de alto costo —especialmente del programa PACBI— mediante licitaciones fragmentadas, sobreprecios y el pago sistemático de sobornos.
El fallo también procesó a otros 19 imputados, entre ellos Daniel María Garbellini, ex número dos del organismo, y a los empresarios Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahián, señalados como “jefes paraestatales” del esquema. En conjunto, Casanello ordenó embargos que alcanzan cifras cercanas a los 202 mil millones de pesos.
Un organismo «cooptado»
Para el juez, la investigación permitió reconstruir un verdadero entramado de corrupción institucional. “La Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización”, afirmó Casanello, quien además advirtió que existen “márgenes difusos” que indican que el esquema podría haber sido más amplio de lo probado hasta ahora.
Según el magistrado, Spagnuolo no sólo permitió sino que facilitó la intervención directa de personas ajenas a ANDIS en procesos sensibles de contratación, privilegiando a determinadas droguerías a cambio de beneficios económicos. La resolución describe un sistema aceitado de intermediación, privilegios y sobreprecios, sostenido pese a denuncias internas y reclamos formales de empresarios desplazados.
Uno de los ejemplos citados es el testimonio de Luis Cella, titular de la droguería Prevent S.A., quien denunció irregularidades en el programa Incluir Salud y envió correos directos a Spagnuolo alertando sobre lo que ocurría. Según Casanello, el entonces funcionario no corrigió ninguna de las prácticas denunciadas.

Dinero, sobornos y control externo
El fallo detalla que Spagnuolo habría recibido importantes sumas de dinero en efectivo y en especie. Entre ellas, una entrega de cinco millones de pesos realizada por el empresario Calvete a través de un intermediario. Además, el juez sostuvo que el ex titular de la ANDIS disponía de fondos de origen ilícito cuya contabilidad era manejada por el propio Calvete, quien liberaba dinero según los pedidos del funcionario.
En paralelo, Casanello dispuso medidas de no innovar sobre las empresas involucradas y designó interventores informantes en varias droguerías y firmas farmacéuticas, con el objetivo de evitar la venta de activos o maniobras de vaciamiento mientras avanza la causa.
Una causa que escala
Aunque el expediente se originó a partir de audios difundidos públicamente —en los que se mencionaban supuestos retornos y hasta una presunta comisión del 3% para Karina Milei—, el juez aclaró que su resolución no se basó en ese material. No obstante, la existencia de esos audios fue el disparador de una investigación que ahora avanza hacia “otro nivel de complicidades”.
Casanello ya anticipó que convocará a declaración indagatoria a otras seis personas, señaladas por haber cumplido roles clave como informantes, intermediarios o canalizadores de fondos dentro del esquema. Entre ellas aparece el empresario aeronáutico Sergio Mastropietro, vinculado a movimientos de dinero bajo facturación simulada.
Mientras las defensas anuncian apelaciones, el fallo deja una definición contundente: la ANDIS, un organismo clave para garantizar derechos básicos, fue utilizada como una estructura de negocios ilegales. Y, según el propio juez, lo investigado hasta ahora podría ser apenas una parte del entramado.

