El Senado de Brasil aprobó este miércoles una histórica reforma fiscal, considerada una de las mayores victorias legislativas del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La medida, que ya había pasado por la Cámara de Diputados en octubre, exime del impuesto sobre la renta a los trabajadores con salarios más bajos y, para compensar, crea un tributo mínimo para los «ultrarricos».

«Hoy es un día histórico. Dimos un paso decisivo para un país más justo», celebró Lula en su cuenta de X (ex Twitter).

El mandatario destacó que fue una «victoria de la democracia y de la justicia social» y agradeció al Congreso por la aprobación, que se dio por unanimidad en ambas cámaras. «El nombre de esto es justicia tributaria. Quien gana mucho va a contribuir con su justa parte», agregó.

La reforma, una de las grandes prioridades del tercer mandato de Lula, beneficiaría a unos 25 millones de brasileños y establece:

– Impuesto cero para quienes ganan hasta 5.000 reales mensuales (unos 930 dólares).

– Impuesto reducido (descuento) para quienes cobran entre 5.000 y 7.350 reales mensuales (unos 1.300 dólares).

«Se trata de hacer valer el principio de progresividad tributaria: quien tiene menos paga menos y quien tiene más, efectivamente, paga más», declaró el senador Renan Calheiros, relator del proyecto.

Para compensar la cuantiosa pérdida en la recaudación, la medida establece un gravamen mínimo para las grandes fortunas. Este impuesto afectará a quienes ganan más de 600.000 reales al año (113.000 dólares) y tendrá un máximo del 10% para aquellos con rentas superiores a 1,2 millones de reales anuales (223.000 dólares).

Este nuevo tributo mínimo tendrá en cuenta los dividendos recibidos por participaciones empresariales, que son la principal fuente de renta de los más ricos. Según el Ministerio de Hacienda, este incremento afectará apenas al 0,13% de los contribuyentes.

La reforma fue una de las «promesas estrella» de Lula en la campaña de 2022 y es considerada clave para sus aspiraciones de reelección en octubre de 2026. Ahora, el presidente deberá sancionar la ley para que entre en vigor el próximo año.