La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró este 20 de agosto de 2026 su competencia originaria e inició formalmente la intervención en el conflicto por la reelección en la provincia de Formosa.
El máximo tribunal resolvió asumir el control directo de la causa tras una demanda impulsada por la Confederación Frente Amplio Formoseño.
El planteo de la coalición opositora cuestiona la validez de la norma local que posibilitaría una nueva postulación del actual gobernador, Gildo Insfrán, para el período comprendido entre 2027 y 2031.
Los detalles de la presentación judicial
La demanda, firmada por los apoderados Agostina Villaggi y Rodolfo Basques, solicita que se declare la inconstitucionalidad de la Cláusula Transitoria Cuarta de la Constitución de Formosa.
Los representantes sostienen que dicha norma permitiría una novena postulación consecutiva de Insfrán y una tercera candidatura de Eber Solís como vicegobernador o gobernador para el mandato que inicia el 10 de diciembre de 2027.
De acuerdo con el escrito presentado ante el tribunal, la disposición contradice los artículos 1, 5 y 123 de la Constitución Nacional y el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
El origen del debate constitucional
La controversia surge tras la última reforma constitucional que limitó las reelecciones en Formosa, pero estableció que el mandato en curso del gobernador actual se computara como el «primer mandato».
La oposición argumenta que esta cláusula transitoria representa una maniobra del mandatario provincial para eludir un fallo previo de la Corte que inhabilitaba la reelección indefinida.
El antecedente directo se remonta a la sentencia dictada por la propia Corte Suprema en 2023, la cual determinó que la reelección indefinida resulta incompatible con el orden republicano de gobierno.
Notificación oficial a la provincia
Con la firma de todos sus ministros, el máximo tribunal ordenó dar traslado de la demanda al gobierno de la provincia de Formosa para que realice su descargo.
La resolución del organismo judicial lleva las firmas de los jueces de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
Este proceso definirá los límites constitucionales y la viabilidad de las candidaturas para los principales cargos del poder ejecutivo provincial en las elecciones de 2027.