En medio de una creciente tensión por la amenaza militar estadounidense y bajo denuncias de un aumento de la represión interna, el Parlamento venezolano aprobó este martes una ley que prevé penas de hasta 20 años de prisión para quien promueva o respalde desde Venezuela bloqueos navales y actos de “piratería” como los que atribuye a Estados Unidos en el Caribe.

El proyecto fue aprobado por unanimidad por el chavismo, que controla de manera absoluta la llamada Asamblea Nacional (unicameral) a través de su Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y grupos afines.

El texto es una advertencia directa a quienes colaboren o expresen su respaldo público a las maniobras de presión que lleva adelante el gobierno de Donald Trump frente a las costas del país.

El presidente estadounidense desplegó una poderosa flota naval en el Caribe sur, atacó a numerosas lanchas supuestamente cargadas de drogas y ordenó un bloqueo naval contra petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela. En ese marco, abordó y confiscó al menos dos buques que llevaban crudo a mercados internacionales como China o Irán.

Oscar Murillo, coordinador general del Programa Venezolano de Educacion-Acción en Derechos Humanos (Provea), dijo a TN que esta ley se suma a un entramado de “represión jurídica” que busca silenciar a la oposición.

“Desde 2024 hemos tenido también una represión jurídica, es decir, se ha reforzado una arquitectura legal contraria a los principios de la Constitución para profundizar el clima de represión interna, inhibir la crítica, acallar las voces disidentes y evitar a toda costa que la gente hable del conflicto político”, afirmó.

Qué dice la nueva ley aprobada por el chavismo

El Parlamento venezolano aprobó hoy la llamada “ley de protección de las libertades de navegación y comercio frente a la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales”.

El texto de la ley se trabajó de forma urgente tras la confiscación de al menos dos buques petroleros, el primero el 10 de diciembre, y la persecución de un tercero por aguas internacionales del que no se volvió a hablar ni en EE.UU. ni en Venezuela.

Maduro tildó estas acciones como “piratería naval criminal” y acusó a Trump de buscar derrocarlo.

La ley advierte que “toda conducta o actuación que ejecute, promueva, invoque, favorezca, facilite o respalde acciones de piratería, bloqueo marítimo, espionaje que afecten la navegación incluida la intercepción de naves u otros actos ilícitos internacionales (…) será sancionada con prisión de 15 a 20 años”.

La norma incluye multas del equivalente a casi 1,2 millones de dólares y la confiscación de bienes.

No es la primera vez que una ley venezolana amenaza con penas de este tipo. Otras similares prevén cárcel y multas a quienes apoyen las sanciones internacionales.

“Desde el punto de vista legal, en Venezuela se ha venido levantando un muro cada vez más alto en materia de delitos penales, que son muy graves, muy elevados; y algunos de ellos están por encima de lo que establece el Código Penal”, dijo Murillo.

En su diálogo con TN, el activista afirmó que “esto tiene un fundamento (…) en la estrategia actual y única que tiene el gobierno, que consiste en maniobrar y preservar el poder a toda costa”.

“Es grave también que se utilicen penas de cárcel y no solo sanciones administrativas. Desde la ´Ley del odio´ (aprobada en 2017 para promover la tolerancia, aunque la oposición denuncia que se trata de un instrumento para acallar la disidencia) hasta acá, se vienen aprobando normas absolutamente discrecionales”, afirmó.

Según el activista, las normativas “están escritas de una manera que alienta una interpretación bastante discrecional de la ley y quienes las van a aplicar son instituciones y órganos del Estado que están absolutamente subordinados al Poder Ejecutivo”.

“Por un lado, hay una narrativa apalancada en la defensa de la soberanía, y sobre esa línea se justifican acciones de persecución, descalificación o estigmatización a buena parte de la sociedad civil. Y, por otra parte, se está abriendo un discurso para contrarrestar las medidas que tienen que ver con este decomiso de petroleros” por parte de EE.UU., concluyó.