El caso se conoció en 2013, pero recién cinco años después llegó a juicio: cinco maestras recibieron penas de entre 4 años y medio y 7 de prisión por “abandono de persona agravado, amenazas y lesiones” en perjuicio de unos 40 chicos, nenes de un jardín de infantes de San Isidro, a los que supuestamente tenían que cuidar. “Lo que escuché fue de una gravedad mayúscula”, dijo a TN Sergio Arenas, el abogado que representó a diez madres y diez padres de las víctimas. No obstante, no hay nadie preso.
Dos de las cinco docentes condenadas, Mariana Buchniv y Vanina Gisela Diap, fueron excarceladas tras agotar su pena y las otras tres responsables de aquel escándalo actualmente cumplen prisión domiciliaria sin pulsera y antes de que termine esta década podrían volver a trabajar con menores. “Deberían estar inhabilitadas de por vida, buscamos justicia, pero se agotaron los recursos”, apuntó el letrado.
“La pileta”
El horror salió a la luz gracias a un audio que el padre de una nena pudo grabar. Al notar que su hija tenía comportamientos extraños cuando volvía a su casa del jardín, decidió esconder un iPad en su mochila para grabar todo lo que sucedía ahí adentro. Y el resultado fue estremecedor.
Así, el hombre consiguió 4 horas y media de maltratos e insultos. “¿Podés sacar el cuaderno en vez de ponerte a boludear? Dejá de gritar, callate. ¿Querés ir a la pileta? Bueno, callate. ¡Callate!”. Quien habla es Yanina, una de las docentes, y el mensaje es para un nene de 3 años. “Ponete a guardar, enfermo mental”, dice otra voz.
Con el avance de la causa, se supo que uno de los castigos era “la pileta”, una suerte de versión para niños, pero igual de cruel, de la nefasta práctica de tortura usada por los militares en la época más oscura de nuestro país.
“Al agua no, al agua no”, rogaba un nene entre llantos desconsolados, en el audio que fue clave para probar los maltratos a los que eran sometidos cuando los padres se marchaban y la puerta del jardín se cerraba. Pero las súplicas no servían de nada: les sumergían la cara en una pileta. Esa angustia fue la que, después, llevó a que las víctimas tuvieran miedo a bañarse o de que les mojaran el rostro.
“Eso que ellos vivían, no podían transmitirlo en palabras y lo transmitían en hechos”, explicó a este medio el abogado Arenas sobre las consecuencias que tuvieron los castigos en los menores. Incluso, señaló, “algunos de ellos siguen con secuelas” todavía hoy. Y subrayó: “Nunca vi un drama parecido, fue perturbador no solo para la vida de los niños sino también de los padres”.
Las condenas
Para los jueces se comprobaron durante el juicio los maltratos que les dejaron a los chicos secuelas psíquicas y de aprendizaje, y que las maestras colocaron en riesgo la salud física y psíquica de sus alumnos.
Por todo esto en 2018 el TOC N° 4 condenó a la directora, Noemí Núñez, a 7 años y 6 meses de prisión. A su socia, Mariana Buchniv, a 5 años y 6 meses de prisión. La docente Yanina Gogonza, a quien en un audio se escuchó maltratar a los chicos, también recibió una de las penas más altas: 7 años.
La auxiliar Noelia Gallardo fue sentenciada a 6 años y 3 meses de prisión y otra auxiliar, Vanina Diap, a 4 años y 6 meses de prisión.
En todos los casos, fueron además inhabilitadas por 10 años para todo tipo de actividad relacionada con niños. En 2028 podrán volver a tener menores bajo su cuidado.
“Fue una sentencia ejemplar, aunque hubiese querido que la represión penal hubiera sido más efectiva”, admitió Arenas. Es que ninguna de las cinco responsables por los maltratos contra 40 chicos pasó más de un año y medio en un penal. De hecho, Diap y Buchniv jamás pisaron uno. En tanto, Núñez, Gogonza y Gallardo fueron excarceladas en plena pandemia de coronavirus por la emergencia sanitaria y desde entonces cumplen prisión domiciliaria, sin demasiados controles. “La condición es que la policía vigile y cada tanto llame el tribunal para verificar que estén ahí”, apuntó el abogado de las víctimas.
De acuerdo con el fallo, las tres maestras “pertenecen a grupos familiares que se sustentan con ingresos promedio, sin advertirse la presencia de importantes recursos económicos”. “El progenitor de Núñez es jubilado y recibe ayuda de su otra hija; la madre de Gogonza es empleada y su cónyuge policía; y la madre de Gallardo es empleada y el padre cuentapropista”, señalaron. De esta forma, argumentaron que ninguna de las tres cuenta con recursos económicos para fugarse, y que la “difusión pública del caso dificultaría cualquier intento en ese sentido”.
Arenas sostiene que el caso de los chicos maltratados del jardín de San Isidro marcó su carrera. “Dejás de creer en el ser humano, te vas vaciando”, afirmó el letrado, y subrayó: “La magnitud de lo que es la maldad humana la vi con la causa Tribilín”.
En el mismo sentido, se expresaba tiempo atrás la mamá de una de las víctimas, al conocer la noticia de la excarcelación de las docentes: “Es una mezcla de sensaciones. Es una cosa que no se termina nunca. Y pienso, están cumpliendo la domiciliaria, y uno entiende el contexto, pero ellas todos los días están en la casa, comen con sus familias, están encerradas sí, como vos y yo en este momento. Tienen la misma vida que cualquiera de nosotros en cuarentena, pero ellas cometieron un delito. Yo tengo que acompañar a mi hijo y contenerlo todavía cuando se desata alguna situación producto de lo que ellas le hicieron”.