La Vicepresidenta pidió a la Justicia ampliar las indagatorias e incorporar la figura de asociación ilícita en la causa que investiga el intento de asesinato ocurrido en la puerta de su casa el pasado 1 de septiembre
Cristina Kirchner pidió a la Justicia que se procese por asociación ilícita a los tres detenidos por su intento de asesinato: Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, quien hoy figura como un partícipe secundario en el caso. Fue por eso que en un escrito que la vicepresidenta difundió en sus redes sociales repasó mensajes detectados en el celular de Carrizo que constan en la causa desde fines de octubre y en donde allí escribió “Recién intentamos matar a Cristina”. Para CFK, el grupo no solo quería matar a la vicepresidenta sino “desestabilizar al Gobierno”.
“Recordá esta fecha”, “Esta hdp (sic) ya está muerta”, “No sabés que hicimos con esto”, “Generar miedo”, “Para que el gobierno sepa con quienes se están metiendo”, son algunos de los mensajes que hizo públicos la vicepresidenta. Incluso en la mañana del día después, el 2 de septiembre, Carrizo insistió: “Es un golpe que le dimos al gobierno” y “esto se va a poner peor”
Para la querella, los nuevos mensajes demuestran “el plan criminal que tenía un objetivo concreto: matar a Cristina ‘para obligar al señor presidente a que renuncie’”. Según decían, “si bajan a Cristina, bajan a la Cámpora, y con esto le damos un golpe terrible al gobierno”.
“Por ahora, está clara la participación de Carrizo, Uliarte y Sabag Montiel, pero resta averiguar la de más personas. Por una parte, están las personas a las que V.S. por ahora no ha querido investigar en lo más mínimo (Gerardo Milman) y aquella sobre las que solo ha realizado medidas insuficientes y tímidas (el referente de Nueva Derecha Hernán Carroll) -dijo la querella-. Por otra parte, están individuos directamente vinculados con Carrizo, Sabag Montiel y Uliarte cuya intervención V.S. consideró ‘descartada’”, como uno de los copitos.
Y en ese sentido afirmó que, además de un departamento en Recoleta, Sabag Montiel -el joven que le apuntó a la cabeza a la vicepresidenta- habría buscado trabajo en al provincia de Santa Cruz. “Es decir que el ejecutor del grupo quería ubicarse en lugares que lo colocaran cerca de la vicepresidenta o de su hijo. Estos elementos de convicción reflejan que la asociación ilícita tenía un funcionamiento bastante más aceitado y complejo del que se conoció hasta el momento”, afirmó.
El mensaje de CFK llega justo cuando mañana la Cámara Federal llevará adelante una audiencia para analizar otro de los planteos de la vicepresidenta: la recusación de la jueza María Eugenia Capuchetti, que lleva la causa desde el 1 de septiembre pasado. La ex jefa de Estado ya ha hecho públicas, también en sus redes, los cuestionamientos a la investigación de la magistrada, sobre todo desde que apareció la pista Casablanca, que apunta al diputado del PRO Gerardo Milman como autor de una frase dicha en el bar de Congreso 48 horas antes del ataque: “cuando esté muerta, yo voy a estar en la costa”.
Para los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, que representan a la vicepresidenta, “la aparición de nuevos mensajes de Carrizo obliga a tomar una serie de medidas con la mayor celeridad posible.” Los mensajes están consignados en un informe producido por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal (MPF) producido el 26 de octubre. Fue entonces que la querella aprovechó para volver a criticar a Capuchetti.
“Antes de estudiar las implicancias procesales de lo sucedido, debemos decir que no salimos de la perplejidad de tener que ser, una vez más, quienes impulsamos las actuaciones, cuando el juzgado decidió hacerse cargo de la instrucción. Hace casi un mes que el juzgado tiene este informe a disposición (que, vale decirlo, no lo produjo el propio juzgado, sino el MPF) y no tomó una sola medida, ni probatoria ni jurídica. Mientras esta querella se ocupó de impulsar dos líneas que el juzgado se encargó de frenar (“Nueva Centro Derecha” y Milman), V.S. no fue capaz, siquiera, de profundizar su búsqueda acerca de Carrizo, Uliarte y Sabag Montiel. Otra muestra de que el objetivo no es investigar, sino sacarse de encima esta causa rápido”, dijeron.
La querella reclamó llevar adelante una serie de medidas urgentes: identificar a todas las personas con las que Carrizo intercambió mensajes y citarlas a prestar declaración testimonial. Ahi aparecen los nombres de “Prima Vero”, “Lía” y “Kevin Bargas 2″. Pero también urgieron que se llame a declarar nuevamente a indagatoria a Carrizo para exhibirle estos mensajes. En su momento, el jefe de los copitos habían explicado que los mensajes que se descubrieron en su teléfono, entregado cuando declaró como testigo, eran en realidad una seguidilla de bromas de humor negro que él solía hacer. Y buscó despegarse del ataque.
Ni la jueza Capuchetti ni la Cámara Federal entendieron su humor y lo procesaron como partícipe secundario del atentado. Por estas horas, su defensa buscaba que se le diera una prisión domiciliaria para poder salir de la cárcel de Marcos Paz. La jueza se lo negó. “Las nuevas comunicaciones dejan en claro que la intervención de Carrizo no fue la de un cómplice secundario, sino la de un coautor. Por eso, tras la nueva indagatoria, su procesamiento debe ser en este carácter”, afirmaron los abogados de la vicepresidenta.
Pero la querella planteó que hay que ampliar el cuadro acusatorio: quiere que a todos los acusados por su intento de homicidio se los investigue y procese por formar parte de una asociación ilícita. Incluso agregando a uno de los copitos que hoy es testigo: Miguel Castro Riglos. Puntualmente la querella habló de “la necesidad de imputar a Carrizo, Sabag Montiel, Uliarte y, posiblemente, a Castro Riglos y a otras personas (recuérdese que luego del atentado Carrizo indicó “estamos con el grupo”, “todos juntos”), por asociación ilícita”.
En el escrito se afirmó que ”los mensajes de Carrizo reflejan que el grupo que había constituido (‘No tenes idea del grupo que formé’, le dice a “Kevin Bargas 2″) no estaba destinado exclusivamente a matar a la vicepresidenta, sino a desestabilizar al sistema político y constitucional en general. Como punto de partida, es notorio que el ataque a Cristina Fernández era solo un paso, dado que Carrizo lo consideraba ‘un golpe es un golpe que le dimos al gobierno’, pero advertía: ‘Se va a poner peor’”. En ese escenario, la querella sumó que según surge de los mensajes Carrizo escribió: “Estamos pensando matar al jefe de la campora y al jefe de la movilización de la izquierda”.
Fue así que reforzó el pedido para investigar la figura de asociación ilícita. “Precisamente, esa la figura por la que fue acusada la vicepresidenta en el juicio de la obra pública, cuya definición es inminente. Es interesante notar que este es un caso en el que la aplicación de esta figura penal tiene sentido. De hecho, si retomamos las palabras de la Corte, es evidente que si para algo existe este tipo penal es para situaciones como esta, en la que un grupo de gente se organiza para matar líderes políticos. Esto afecta, sin duda, el orden público. Paradójicamente, la justicia federal de la Capital Federal echa mano del artículo 210 CP cuando desea perseguir a personas que no le agradan pero no tiene motivos para hacerlo, y se olvida de su existencia en los pocos casos en los que se cumple la conducta exigida en el tipo penal”, se añadió.