Pidiendo una agenda integral contra las violencias, el colectivo Ni Una Menos volverá a marchar en todo el país. ¿Cómo responde el Estado?
Bahía Blanca, Mendoza, Córdoba, La Plata, Santa Fe, Santiago del Estero, Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Ushuaia, Bariloche, Mar del Plata, Salta: todo el país se movilizará nuevamente en reclamo contra los femicidios y la violencia de género. El colectivo Ni Una Menos, organizador de la actividad, avanza con una serie de demandas que incluye el acceso a la Justicia y la independencia económica. ¿De qué forma responde el Estado?
«Nosotras recordamos que el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad nace del pedido del movimiento feminista y de la diversidad. Es un reclamo de la calle», reconoce Carolina Varsky, subsecretaria de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género, bajo la órbita del ministerio nacional. “Que haya un índice descendiente de femicidios marca no sólo el trabajo del ministerio nacional, sino que en las provincias se rejerarquizaron los espacios de género», añade.Informate más
Esta semana la Corte Suprema de Justicia, que basa sus estadísticas en las causas judiciales en las que se investigan muertes violentas de mujeres, trans y travestis, indicó que se registraron 252 femicidios en el 2022, uno más que en el 2021. Sin embargo, representa un descenso con respecto a los cuatro años anteriores.
La Línea 144 de atención de casos de violencia; la Ley Micaela de capacitaciones con perspectivas de género a trabajadores estatales; las formaciones de Masculinidades sin violencias (expansivo en instituciones deportivas); la inversión en hogares y en apoyo económico a personas que se encuentran en situaciones de violencia de género, correspondiente al Programa Acompañar; y hasta la creación en el 2021 del Consejo federal para la prevención y el abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios: el avance en los casi cuatro años de gestión repercute en un despliegue territorial de programas que pretenden un abordaje integral, aunque los casos de crímenes violentos contra las mujeres persistan.
“Es un fenómeno muy complejo que involucra a toda la sociedad, por lo que pretender que en menos de cuatro años se reduzca drásticamente el índice de femicidios es complicado”, sostiene Varsky, aunque destaca que «hay una necesidad y un Estado presente para acompañar a esas personas».
Carolina Varsky, subsecretaria de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género.
8° marcha del Ni Una Menos: ¿cuáles son las demandas?
«Vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Con este Poder Judicial no hay Ni Una Menos«, esas serán las consignas que acompañarán el lema de la edición 2023 de la marcha Ni Una Menos, cuya fecha (3 de junio) se sostiene desde el 2015 e incluirá actividades artísticas, espacios de debate y movilizaciones en las principales ciudades de toda la Argentina.
En la ciudad de Buenos Aires, la marcha tendrá como destino el Congreso de la Nación, en donde se procederá a la lectura de un documento en donde confluyen parte importante de las demandas que conservan los feminismos del país. “El documento va a estar repartido en ejes”, explica Lucía Cavallero, integrante del colectivo Ni Una Menos y autora del libro “Una lectura feminista de la deuda”.
“Va a haber un eje muy fuerte en la violencia económica, en la necesidad de que el Estado invierta en derechos para las mujeres, lesbianas, trans y travestis; reconozca el trabajo comunitario; avance en la ley de servicios integrales de cuidado antes de priorizar el pago de la deuda externa”, detalla y agrega que “habrá un punto muy importante relacionado a la Justicia: vamos a denunciar el carácter patriarcal, misógino, racista y clasista de la Justicia y la necesidad de democratizar ese ámbito».
En ese marco, la referente sostiene que “hubo avances en algunas políticas como la Ley Micaela o el Plan Acompañar, pero notamos núcleos de desigualdades estructurales que explican, desde nuestro punto de vista, que la cifra de femicidios esté tan alta”.
Foto: Elvira Megías.
La agenda económica del Ni Una Menos
Violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, simbólica o, la que actualmente se discute en la Cámara de Diputados, violencia digital: el abordaje de los femicidios amerita ser integral, contemplando además que, según el citado informe de la Corte Suprema de Justicia, el 75% de los crímenes ocurrieron en contextos domésticos, en el 88% de los casos la víctima tenía un vínculo previo con el asesino (el 59% se trató de un vínculo sexo-afectivo).
“Es ineludible hablar de distintos tipos de violencia por razones de género porque las encontramos en la práctica, cuando vemos que la violencia machista ingresa entramada con otras violencias, como la económica”, analiza Cavallero, y apunta a abordar “las condiciones económicas para que alguien pueda elegir salir de la violencia o romper una relación que está significando agresiones«.
En ese sentido, recuerda que “las condiciones han empeorado desde el 2015, cuando salimos a marchar por primera vez. Hoy nos encontramos con compañeras que nos dicen que se les hace muy difícil sostener el hogar cuando son jefas de hogar«.
Este año, un estudio de la CEPAL subrayó la gravedad del endeudamiento en hogares donde solo cuentan con una jefa de hogar: “7 de cada 10 de las familias que dependen del sustento de la mujer arrastra atrasos en los pagos de deudas o de servicios”. Esto se debería a la “incidencia de la informalidad laboral en los hogares sostenidos por mujeres, ya que las mayores necesidades de financiamiento se presentan, precisamente, entre las personas que carecen de un trabajo registrado”.
Imagen: Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El acceso a la Justicia: una demanda vigente del Ni Una Menos
El registro de la Corte Suprema de Justicia reveló que al menos el 15% de las víctimas de femicidios del 2022 habían efectuado previamente una denuncia formal contra su agresor. A su vez, el 7% del total formaba parte de una fuerza de seguridad.
«La Justicia ha sido impermeable a los cambios que ha propuesto el movimiento feminista para las instituciones y continúa revictimizando a quiénes realizan denuncias por razones de género”, consideró Cavallero, que calificó a este estamento como “totalmente ineficaz, porque los procesos judiciales duran alrededor de 7 años en promedio cuando se denuncia un femicidio, y eso tiene mucha relevancia en el abordaje».
En ese punto, existen coincidencias con Carolina Varsky, quien advierte que “las mayorías de los obstáculos se dan en la falta de investigaciones diligentes o en la fragmentación de distintas causas en el mismo contexto de violencia doméstica».
Como ejemplo, señaló que “la Corte Suprema decidió que no iba a capacitarse en Ley Micaela: es una estructura patriarcal. Cuando se habla sobre que se necesita una reforma judicial transfeminista tiene que ver con eso, con cambiar hábitos y formas de abordaje en relación a las personas que transitan situaciones de violencias, evitar la revictimización y entender qué pasa con una persona que va por enésima vez a buscar una respuesta a la Justicia».
Con la capacidad de movilización vigente por parte de los feminismos, la marcha del Ni Una Menos actualiza su agenda en consonancia con el desarrollo de los debates al interior del movimiento y en el marco de un contexto nacional. Por eso, y más allá de una cifra de femicidios que repercute concretamente en el dolor de cada familia y militante, la economía y la justicia son los sectores que canalizan las demandas del 2023. Este 3 de junio es una nueva oportunidad para oír a un espacio que, con el paso de los años, conserva la vanguardia.
