La “modernización laboral” que impulsa el gobierno de Javier Milei quedó más cerca de convertirse en ley, aunque la duda en estas horas es si la Cámara de Diputados avalará los cambios que incorporó el Senado. Ante la insistencia de la CGT en cuestionar algunos artículos de la Ley Bases, se espera un debate en la oposición dialoguista para definir su postura: ¿mantendrá el diputado Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque Hacemos Coalición Federal, su rol de operador político del sindicalismo?
El legislador rionegrino fue el principal artífice de que, en abril pasado, se eliminaran 42 artículos de la versión original de la Ley Bases que irritaban a la dirigencia sindical. Así, el proyecto que trató Diputados tuvo sólo 17 de los 58 artículos de la reforma laboral que promovía originariamente la Casa Rosada. Con las modificaciones quedó a salvo la “caja sindical” porque se quitó del texto la limitación a las cuotas solidarias, clave del financiamiento de los gremios con los aportes de todos los trabajadores, no sólo de los afiliados, y se suprimieron la limitación de la huelga en servicios esenciales como la educación; la modificación de la ultraactividad de los convenios colectivos y la penalización de las asambleas que se convierten en paros encubiertos, entre otros puntos.
En contacto permanente con la dirigencia gremial, la consigna que enarboló Pichetto ante sus pares para facilitar la sanción de la Ley Bases en Diputados fue muy clara: “No incluir nada que afecte a la CGT”. Aun así, la cúpula cegetista objetó artículos que se salvaron de la poda como, por ejemplo, el que crea la figura del “trabajador independiente” que puede tener a su cargo hasta otros 5 “trabajadores independientes” para llevar adelante un emprendimiento productivo y otro que incluye el “agravamiento indemnizatorio por despido motivado por un acto discriminatorio”, pero no establece una “reparación integral” de la cesantía y “no determina la reinstalación” del trabajador.
El problema para los diputados que buscan congraciarse con la CGT es que el Senado incorporó en la iniciativa modificaciones que volvieron a poner en alerta al sindicalismo. Uno de los agregados votados en la Cámara Alta, propuesto por los senadores de la UCR, es la penalización de los bloqueos sindicales al considerarlos “grave injuria laboral”, una figura que les da a los empleadores amplias facultades para despedir con causa a trabajadores que participan de ese tipo de medidas.
En realidad, al que más le puede preocupar que el bloqueo sindical sea causal de despido con causa es a los Moyano, que han hecho una marca registrada de esas protestas extorsivas que algunos jueces consideraron un delito, o a la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), liderado por Héctor ”Etín” Ponce, otro de los sindicatos, como Camioneros, que con esas acciones atormenta a las empresas del sector. Tanto en el DNU 70 como en la primera versión de la Ley Bases había dos artículos muy duros contra los bloqueos que el Gobierno accedió a quitar del proyecto que se discutió en Diputados en busca de consenso político.
Pero en el dictamen aprobado en el Senado el oficialismo vetó un pedido de los senadores radicales mucho más duro que el propuesto por el Gobierno en el DNU 70: prohibir directamente las cuotas solidarias que ayudan a financiar la “caja sindical” cuando antes sólo se limitaban al exigir el consentimiento expreso de los trabajadores para que se les descontara del sueldo ese aporte.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo accedió a incluir un artículo “anti-bloqueos” impulsado por el radicalismo que dice: ”Podrá configurar grave injuria laboral, como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo, la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento. Se presume que existe injuria grave cuando, durante una medida de acción directa: a) se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza, mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas; b) se impida u obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento; c) se ocasionen daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros situadas en el establecimiento (instalaciones, mercaderías, insumos y materias primas, herramientas, etc.) o se las retenga indebidamente. Previo al distracto, el empleador debe intimar al trabajador al cese de la conducta injuriosa, excepto en el supuesto de daños a las personas o cosas”.
Aunque el sector dialoguista de la CGT no practica con frecuencia ni defiende los bloqueos que puso de moda Camioneros, podría activar su línea directa con Pichetto para impedir que ese artículo sea parte de la ley que aprobará Diputados. Pero también hay movimientos en favor de ese punto que surgen desde las pymes y el PRO, que ya buscan sumar apoyos para evitar que sea eliminado.
No es el único artículo añadido por el Senado que inquieta al sindicalismo: en el proyecto que convalidará o no Diputados figuran modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo que estaban incluidas en el DNU 70. Por un lado, se excluyen expresamente de los alcances de esta norma a los contratos de obra, de servicios y de agencia, todos regulados por el Código Civil y Comercial de la Nación, que provocará, por ejemplo, que un trabajador independiente que factura sus servicios de manera exclusiva a un empleador no pueda sostener que se trata de una relación de dependencia. Por otro lado, en el mismo sentido, se eliminó la presunción de la existencia del contrato de trabajo en casos de prestación de servicios y facturación periódica vinculadas con contrataciones de obras o de servicios profesionales o de oficio. Este punto jaquea la posibilidad de que, como se interpreta actualmente a partir de la ley vigente, se considere que existe una relación de dependencia, con todos los derechos laborales correspondientes, si un trabajador factura con periodicidad sus servicios.