Un jurado popular de ocho ciudadanos más dos jueces técnicos de la Cámara declararon culpables este viernes en la ciudad de Córdoba a los policías implicados en el asesinato de Blas Correas (17) y y el intento de encubrimiento del crimen, ocurrido en agosto de 2020 mientras el adolescente viajaba en un auto con cuatro amigos, que sobrevivieron a las balas incrustadas en el auto. Lucas Damián Gómez (37) y Javier Catriel Alarcón (33), apuntados como los que dispararon contra el joven, fueron condenados a prisión perpetua.

Los cabos Lucas Damián Gómez (37) y Javier Catriel Alarcón (33) fueron considerados autores del homicidio calificado por ser integrantes de la Policía y agravado por el uso de arma de fuego y también por la tentativa de homicidio contra los cuatro otros chicos que iban a bordo del Fiat Argo en el que viajaban cuando fueron atacados, también agravado por el uso de arma de fuego y calificado por ser empleados de la fuerza de seguridad.

El jurado se tomó largas horas para deliberar sobre los 13 imputados. Cerca de las 16 se anunció que la lectura se haría a las 17.30, pero se demoró más de una hora porque uno de los ciudadanos del tribunal popular se descompensó. Finalmente, el tribunal leyó un extenso veredicto.

Un rato antes del cuarto intermedio, durante la mañana, Gómez había declarado en su espacio de “últimas palabras”, frente a los padres de Blas: “Hace dos años y casi ocho meses que le vengo pidiendo a Dios por ustedes para que les dé la fuerza necesaria”, dijo mirando a los familiares y agregó: “Quiero realmente pedir perdón por lo sucedido. No fue mi intención quitarle la vida a nadie, eso mi Dios lo sabe”.

“El asesinato de Blas marcó un antes y un después en la visibilización de la violencia policial en Córdoba. La sociedad en su conjunto exigió una justicia eficaz que garantice que el de Blas no se trate de otro caso más de violencia policial impune. Por eso hoy esta decisión simboliza un primer paso en la dirección correcta: cuando las instituciones judiciales investigan y se comprometen con la búsqueda de la verdad, puede haber justicia”, declaró después de escuchar el veredicto Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, organización que participó del juicio como veedora y acompañó a la familia de la víctima.

Sin embargo, García Rey aclaró que “es urgente poder promover que casos como éste no sean la excepción sino la regla que empiece a regir, para poder reconstruir los niveles de confianza de la población hacia las fuerzas de seguridad y la justicia, hoy fracturada“.

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